Presupuesto 2026: recortes en educación, ciencia y asistencia social.

El Senado de la Nación sancionó la ley de Presupuesto 2026, el primero aprobado durante la presidencia de Javier Milei, tras una votación que reunió 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. La iniciativa ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados y quedó formalmente convertida en ley con su tratamiento en el recinto de la Cámara alta.

El plan de gastos establece erogaciones totales por 148 billones de pesos y fija como objetivo un superávit primario equivalente al 1,2% del Producto Interno Bruto. En sus proyecciones macroeconómicas, el Gobierno prevé una inflación del 10,1% para 2026 y un crecimiento económico del 5%, supuestos que resultaron centrales para el cálculo de los recursos y las partidas asignadas.

Más allá de esos objetivos fiscales, el presupuesto generó fuertes cuestionamientos por el impacto real de los ajustes en áreas sensibles del Estado. Uno de los puntos más discutidos fue la modificación del esquema de financiamiento educativo: el artículo 30 de la ley derogó disposiciones de la Ley de Financiamiento Educativo que fijaban un piso mínimo de inversión en relación al PIB, lo que habilita una reducción real del gasto en educación.

De acuerdo con estimaciones técnicas del Congreso, el conjunto de recursos destinados a educación y cultura registraría una caída real respecto de 2025 y un retroceso mucho más pronunciado en comparación con 2023. En ese marco, el financiamiento proyectado para las universidades nacionales también se ubica por debajo del nivel del año anterior cuando se lo mide en términos reales.

La eliminación de topes mínimos de inversión impacta además en el área de ciencia y tecnología y en el Fondo Nacional para la Educación Técnica, cuyas partidas previstas para 2026 muestran descensos significativos frente a ejercicios previos.

En materia de asistencia social, el presupuesto presenta un escenario heterogéneo. Las prestaciones sociales en su conjunto tendrían una mejora real, impulsada principalmente por jubilaciones y asignaciones, aunque se mantienen congelados los fondos destinados al bono extraordinario para jubilados que perciben el haber mínimo, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo. A su vez, las pensiones por discapacidad exhiben una reducción real de los recursos asignados.

En cuanto a las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo muestra una evolución positiva en términos reales, mientras que la prestación Alimentar registra una caída proyectada. En la misma línea, los fondos destinados a comedores comunitarios también reflejan recortes frente a años anteriores.

El área de salud presenta resultados dispares: si bien el presupuesto total de la función muestra un aumento real, algunos programas específicos sufren reducciones, entre ellos los vinculados a la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

La sanción del Presupuesto 2026 dejó así planteada una tensión de fondo entre la estrategia oficial de equilibrio fiscal y superávit, y las demandas de distintos sectores sociales, educativos y científicos que advierten sobre el impacto de los recortes reales. La ley comenzará a regir el 1° de enero próximo y su ejecución será seguida de cerca por actores políticos y sociales a lo largo del año.