Provincia de Buenos Aires: 1.000 denuncias por amenazas en escuelas

La ola de amenazas de tiroteos en escuelas continúa generando preocupación en la provincia de Buenos Aires, donde ya se registraron alrededor de 1.000 denuncias vinculadas a pintadas, mensajes intimidatorios y publicaciones con armas difundidas en redes sociales.

Mientras avanzan las investigaciones judiciales y policiales, en distintos distritos comenzaron a impulsarse medidas para que los padres de los estudiantes identificados afronten los costos de los operativos desplegados por las amenazas.

Según datos del Ministerio Público Fiscal bonaerense difundidos por el periodista Rodrigo Alegre, uno de los departamentos judiciales con mayor cantidad de denuncias es La Matanza, donde se contabilizaron unas 200 presentaciones. En Moreno, en tanto, se registraron alrededor de 70 casos.

En ese distrito del oeste del conurbano, la fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, junto a otras fiscales locales, solicitó embargos preventivos contra los padres de alumnos acusados de participar en amenazas de ataques escolares.

La investigación permitió identificar a siete menores de edad, entre ellos dos adolescentes de 16 años considerados punibles. A raíz de la causa, la DDI realizó siete allanamientos en los que secuestraron armas, además de celulares, computadoras, tablets y consolas de videojuegos.

De acuerdo con la investigación, algunas de las armas incautadas habrían sido exhibidas en redes sociales en publicaciones vinculadas a las amenazas.

Los jóvenes fueron notificados por el delito de intimidación pública. Ahora, la Justicia deberá definir el monto económico que podrían afrontar las familias por los gastos generados durante los operativos y las investigaciones.

Las autoridades buscan incluir en esos costos el despliegue policial, las tareas investigativas y los cambios de protocolos implementados en las escuelas afectadas.

En Mar del Plata también se resolvió avanzar sobre los padres de estudiantes identificados como responsables de amenazas. Allí, el fiscal general Fabián Fernández Garello dispuso que las familias deban afrontar los gastos derivados de los operativos policiales y posibles daños ocasionados.

La problemática no se limita a Buenos Aires. En Santa Fe, donde también se multiplicaron los episodios, el Gobierno provincial informó que cada operativo preventivo en establecimientos educativos puede costar entre cinco y seis millones de pesos.