El presidente Javier Milei volvió a recurrir a su herramienta favorita: el veto total. Esta vez, la medida recayó sobre la ley de emergencia por inundaciones que había sido aprobada por el Congreso a principios de mayo y que beneficiaba directamente a los vecinos de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las precipitaciones récord del pasado 7 de marzo.

A través del Decreto 424/25, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo anuló la declaración de zona de catástrofe y dejó sin efecto la creación de un fondo especial de $200 mil millones, destinado a la asistencia directa de los damnificados por el temporal que anegó barrios enteros y causó pérdidas millonarias.

Los argumentos del veto

El Gobierno justificó su decisión al señalar que los objetivos de la ley ya estarían cumplidos a través del Decreto 238/25, emitido en abril. En ese marco, la administración libertaria sostiene que ya se puso a disposición un fondo de igual magnitud —aunque solo para Bahía Blanca, excluyendo a Coronel Rosales— y que más de 32 mil personas ya habrían cobrado el suplemento, mientras que otras 3962 solicitudes están en evaluación.

Además, Milei reiteró un argumento que ya utilizó para vetar otras normas aprobadas por el Congreso, como la ley de financiamiento universitario y la de movilidad jubilatoria: que el proyecto no detalla cuál sería la fuente de financiamiento de los recursos involucrados.

Repercusiones y críticas

El veto cayó como un balde de agua fría entre los vecinos y autoridades locales, que todavía enfrentan graves secuelas de la catástrofe climática. La ley vetada no solo contemplaba asistencia económica directa, sino también beneficios impositivos, postergación de pagos fiscales y medidas de contención social.

El gesto del Gobierno fue interpretado como una nueva muestra de insensibilidad frente a situaciones críticas y una señal de que el ajuste fiscal prima incluso sobre las emergencias humanitarias.

En un contexto donde la reconstrucción todavía está en marcha y muchas familias no han podido recuperar sus viviendas ni su economía, la eliminación del fondo especial representa un duro golpe. Mientras tanto, desde la oposición ya se analizan los pasos parlamentarios para intentar insistir con la ley o promover una nueva norma que brinde algún tipo de amparo a las zonas afectadas.