Las principales empresas del Polo Petroquímico de Bahía Blanca expresaron su rechazo al aumento de la Tasa de Seguridad e Higiene que impulsa el municipio, una medida que el intendente Federico Susbielles plantea como mecanismo para financiar trece obras hidráulicas prioritarias. La propuesta oficial prevé llevar la alícuota del sector a niveles más altos que los actuales, con el objetivo de reforzar la recaudación y avanzar con el plan de infraestructura.

El planteo generó una respuesta inmediata de las compañías nucleadas en la Cámara de Permisionarios y Concesionarios del Puerto de Bahía Blanca. En un comunicado público, señalaron que el incremento podría alcanzar un impacto significativo sobre sus costos operativos y remarcaron que esto provocaría una pérdida de competitividad en un complejo industrial clave para las exportaciones de la región. También cuestionaron la falta de una contraprestación directa y proporcional al servicio, uno de los puntos que los gremios empresariales vienen señalando desde que comenzó el debate sobre la suba.

Las empresas advierten que, además del peso económico, la medida podría afectar la previsibilidad jurídica necesaria para sostener inversiones en el mediano plazo. En ese sentido, remarcaron que cualquier cambio en la carga impositiva debería darse con mecanismos “claros, estables y compatibles con el desarrollo productivo”, según el posicionamiento difundido por la Cámara y publicado en medios locales.

Desde el municipio sostienen que la situación hidráulica de Bahía Blanca exige una intervención urgente y que el presupuesto general no alcanza para cubrir las obras proyectadas. Funcionarios del Ejecutivo afirmaron que se trata de una decisión necesaria para garantizar infraestructura crítica y que forma parte de un esquema pensado para toda la ciudad.

En paralelo al rechazo de las empresas, distintos sectores sociales manifestaron su apoyo a un aumento destinado exclusivamente a obras hidráulicas, señalando la necesidad de avanzar en soluciones de fondo. Con posiciones enfrentadas, el debate se mantiene abierto mientras el municipio continúa analizando el mecanismo tributario y las compañías reiteran que la medida, tal como está planteada, condiciona al sector.