La Justicia ordenó el cierre de dos templos religiosos vinculados a la sociedad espiritista Paz y elevación en Bahía Blanca y Punta Alta en medio de una disputa familiar por la posesión de los inmuebles. La medida afectó a más de mil fieles que asistían regularmente a las iglesias.
Los edificios clausurados están ubicados en Patricios al 300, en Bahía Blanca, y en 11 de Septiembre al 700, en la ciudad de Punta Alta, donde además se concretó el desalojo de los miembros de la congregación.
El conflicto se originó hace casi una década entre distintas ramas de la familia de Teresa Bruno, fundadora de la organización espiritista creada en 1959.
Según explicó el vicepresidente de Paz y elevación, Juan Carlos Rochón, la discusión gira en torno al destino de los bienes afectados históricamente al culto religioso y a las actividades comunitarias de la institución.
Rochón sostuvo que las propiedades “nunca integraron verdaderamente el acervo hereditario personal” de su abuela porque fueron adquiridas mediante aportes y donaciones realizadas por fieles de la congregación.
Además, señaló que existen escrituras públicas incorporadas al expediente judicial que demostrarían que los inmuebles estaban destinados al sostenimiento de la obra espiritual y asistencial de la entidad.
Desde la sociedad espiritista remarcaron que los bienes no deberían considerarse parte de la herencia familiar y cuestionaron la decisión judicial que derivó en el cierre de ambos templos.
“Ellas hicieron una sucesión toda mal y ahora nos desalojaron por la fuerza pública”, afirmó Rochón al referirse a familiares que reclaman la posesión de las propiedades.
El dirigente también aseguró que la clausura provocó un fuerte perjuicio social y espiritual para cientos de personas que participaban de las actividades religiosas en ambos espacios.
“La gente no tiene dónde ir a rezar”, sostuvo el vicepresidente de la congregación, quien además advirtió sobre el impacto en niñas, niños y adolescentes que asistían al espacio Jardín de la fe.
En 2023, un juzgado Civil y Comercial había emitido un fallo favorable a la postura de Paz y elevación, al considerar que los inmuebles estaban vinculados a una finalidad espiritual y comunitaria.
Sin embargo, resoluciones posteriores modificaron esa decisión y habilitaron el desalojo de las iglesias mientras la causa continúa pendiente de definición definitiva en la Suprema Corte bonaerense.
El abogado Ricardo Tapia, representante legal de Rochón, aseguró que la fundación favorecida por el fallo “continúa avanzando materialmente sobre los templos” pese a que el litigio de fondo todavía no concluyó.
Mientras tanto, integrantes de la congregación buscaban mantener reuniones con autoridades del área de Culto municipal para intentar encontrar alternativas frente al cierre de los espacios religiosos.