El Gobierno nacional avanzó este martes con una nueva etapa de la privatización de la Vía Navegable Troncal, más conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los corredores estratégicos para el comercio exterior argentino y por donde sale cerca del 80% de las exportaciones del país.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación abrió las ofertas económicas de las empresas belgas Jan de Nul y DEME, las dos firmas que quedaron en carrera para quedarse con la concesión del dragado, balizamiento y operación de la ruta fluvial durante los próximos 25 años.

Ambas compañías presentaron la misma tarifa: US$3,80, cifra que el Gobierno celebró como una reducción respecto del esquema vigente. Sin embargo, el proceso quedó nuevamente envuelto en cuestionamientos políticos, judiciales y sindicales.

Denuncias por irregularidades y falta de controles

En las últimas semanas, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) advirtió sobre “serias y evidentes irregularidades” en el proceso licitatorio y cuestionó aspectos vinculados a la transparencia, las cláusulas anticorrupción y la falta de estudios de impacto ambiental.

El organismo también señaló problemas en el acceso a la información pública y observó limitaciones para la participación ciudadana durante las audiencias vinculadas al proyecto.

A raíz de esas advertencias, sectores de la oposición impulsaron pedidos para frenar la licitación y revisar el pliego antes de avanzar con la adjudicación definitiva.

La pelea por el control de una vía estratégica

La Vía Navegable Troncal conecta los puertos del Paraná y del Río de la Plata con el océano Atlántico y es considerada una infraestructura clave para el Mercosur y el modelo exportador argentino.

El plan oficial contempla inversiones cercanas a los US$10.000 millones y la profundización del canal para permitir el ingreso de buques de mayor porte.

Sin embargo, organizaciones sindicales, sectores portuarios y agrupaciones políticas vienen rechazando la privatización y advirtiendo sobre una posible pérdida de soberanía sobre el comercio exterior argentino.

También alertan sobre el riesgo de concentrar el control logístico y económico de la principal vía exportadora del país en manos de empresas extranjeras, además de reclamar mayor participación estatal en el manejo de los peajes y la fiscalización del tránsito fluvial.

El antecedente de una licitación caída

La discusión por la Hidrovía ya había generado polémica durante 2025, cuando el Gobierno debió dar de baja un proceso licitatorio anterior en medio de denuncias cruzadas y acusaciones de direccionamiento.

Ahora, con dos empresas en la recta final y sin impugnaciones formales entre oferentes, el Ejecutivo busca cerrar la adjudicación en las próximas semanas, mientras crece la tensión política alrededor de uno de los negocios más sensibles de la era Milei.